Lograr una mejor comprensión de lo que representa la eficacia de la ayuda y la participación e involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas orientadas a las transformaciones sociales, es quizá uno de los retos mayores tanto para los estados como para los organismos de cooperación internacional, hoy en día.
Los compromisos asumidos en lo que se conoce como la “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo” (2005) y sus posteriores mecanismos de seguimiento, han llevado a considerar la profundización e impulso de la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en las políticas de desarrollo, que en definitiva tienen el fin último de lograr el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas.
En la Declaración de París, se establecieron los principios que buscan ampliar el debate y el diálogo entre gobiernos, sociedad civil, donantes y cooperación internacional, respecto de las políticas de desarrollo, en la búsqueda de lograr comprometer a los distintos actores del desarrollo a que impulsen y participen en acciones de intercambio y diálogos más fluidos.
La modalidad de apoyo presupuestario que la Unión Europea y los países socios, por ejemplo, están aplicando en Bolivia, dentro del marco de los programas priorizados por el gobierno, representa todo un desafío en lo que se refiere a la capacidad de poner en práctica políticas públicas y ejecutar recursos financieros provenientes de la cooperación internacional, de manera responsable, donde la participación de la sociedad civil tenga un rol activo.
En una reciente entrevista, publicada en La Razón, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia, Kenneth Bell, hace referencia a la modalidad de apoyo presupuestario que responde a la Declaración de París, como una “responsabilidad compartida”, entre el Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil.
Sin embargo, esta modalidad o política internacional, es escasamente conocida y menos aún difundida en general, y menos entre las OSC en Bolivia, a pesar de la tradición que tiene Bolivia como un país con una rica historia de participación y movilización social, ésta al parecer y según las encuestas de seguimiento a la aplicación de los principios de la Declaración de París, es aún débil, en lo que concierne a su participación en la vigilancia y control social al cumplimiento de las metas previstas en los acuerdos internacionales señalados.
Entretanto, para las más de 300 OSC que participaron en el IV Foro en Busan (Corea del Sur) en diciembre del pasado año, este encuentro representó un hito fundamental, a nivel mundial, permitiendo que éstas sean parte de las negociaciones, por derecho propio, dando lugar así a ampliar los compromisos de París (2005) con la inclusión activa de la sociedad civil en las políticas que buscan la eficacia de la ayuda. De esta manera, se han señalando rutas importantes a seguir que urge revisar, proseguir y profundizar desde los estados, en el reconocimiento de que las OSC –recordemos– son las que en definitiva cumplirán el rol de vigilantes de los compromisos, a favor del bien común, además de ser promotoras del cambio y de cumplir una función educativa hacia la ciudadanía en su conjunto, en relación con el ejercicio de ciudadanía y de promoción y defensa de los derechos humanos.